Vulnerabilidad Social
Proteger a los m谩s d茅biles frente a la vulneraci贸n de sus derechos fundamentales frente al abuso, arbitrariedad, violencia y exclusi贸n, desde el poder.
Lineas Program谩ticas
聽
a) Personas privadas de Libertad y Derechos Humanos
Contexto
La Direcci贸n General del Sistema Penitenciario cuenta con 46 centros de privaci贸n de libertad, 6 para cumplimiento de condena y 39 para prisi贸n preventiva con una capacidad instalada aproximada de聽 7,6001 plazas distribuidas en 192 centros de privaci贸n de libertad, 6 destinados a cumplimiento de condena y 13 a prisi贸n preventiva. Los centros a cargo de la Polic铆a Nacional Civil, destinados a prisi贸n preventiva, suman 27, con una capacidad instalada de 452 aproximadamente plazas, totalizando 7, 952 plazas para todo el pa铆s: a julio de 2009 la poblaci贸n de hombres3 y mujeres reclusos es de 9,129 personas4: 4, 394 en cumplimiento de condena (48.13%) y 4, 735 en prisi贸n preventiva (51.87%).
Las pol铆ticas de la actual administraci贸n, van dirigidas principalmente al tema de seguridad e implementaci贸n de la ley de r茅gimen penitenciario, sin embargo, los problemas estructurales descritos en los distintos informes de la CIDH5, Procurador de los Derechos Humanos6 y Sociedad Civil, son los mismos: condiciones precarias y malos tratos:聽
a) Ausencia de condiciones para la implementaci贸n de ley de r茅gimen penitenciario, que no cuenta a煤n con las condiciones m铆nimas para desarrollar el r茅gimen progresivo y de carrera que establece la ley; asimismo, los centros requieren de una infraestructura acorde a desarrollar las actividades propias de las fases de tratamiento del r茅gimen progresivo. Adem谩s, no hay coordinaci贸n entre los operadores de justicia para desarrollar el rol que le otorga la ley de r茅gimen penitenciario a cada una de las partes.
b) Hacinamiento, que se refleja en 54.49% de sobrepoblaci贸n en los centros de cumplimiento de condena y un 49.85% en los centros de prisi贸n preventiva, lo cual se relaciona directamente con la carencia de infraestructura y con el uso irracional de la prisi贸n preventiva por parte de los operadores del sistema de justicia聽 y a trav茅s de la pr谩ctica de capturas ilegales y masivas de personas aduciendo presuntos delitos de posesi贸n para el consumo y faltas.
c) Precariedad de servicios b谩sicos. El 93% de los centros carece de agua potable: 1 chorro del servicio聽 para un promedio general de 57.4 personas;聽 los servicios sanitarios sirven a un promedio de 1 por cada 32.2 personas; la alimentaci贸n es de mala calidad e insuficiente; en el 56% de los centros no existe disponibilidad de servicio telef贸nico7. El 56% de los centros no cuenta con m茅dico ni personal param茅dico y cuando los hay s贸lo est谩n disponibles por periodos de 8 a 17 horas, sin asistencia durante las noches o fines de semana.
d) Malos tratos en contra de la poblaci贸n vulnerable, principalmente de enfermos mentales, mujeres, ind铆genas, miembros de pandillas. En 2009, 75 mujeres (40%) fueron v铆ctimas de abusos y violaciones a sus derechos fundamentales durante la detenci贸n; adem谩s se ha documentado que a las mujeres procesadas no se les permite su derecho a la visita conyugal en las c谩rceles a cargo de la PNC8 y que sufren de acoso sexual por parte de los agentes.9 No obstante que el 24% de la poblaci贸n privada de libertad es ind铆gena, la mayor铆a de personal s贸lo habla espa帽ol; la mayor铆a de personas ind铆genas son obligadas a realizar las labores de limpieza para sobrevivir.聽 La mayor铆a de personas que se identificaban como miembros de una de las pandillas, en enero de 2009 eran 451, est谩n recluidas en un r茅gimen m谩s restrictivo y en condiciones m谩s precarias; no se les permite el ingreso de comida, libros, peri贸dicos; no se le proporciona camas ni atenci贸n m茅dica adecuada; la mayor铆a padece enfermedades de la piel (sarcoptosis) y est谩n hacinados en un espacio para dormir de 0.32 metros cuadrados por persona. El acceso a mecanismos de solicitudes o quejas, es limitado y arbitrario, ya que son los mismos reclusos encargados de sectores quienes autorizan la presentaci贸n de solicitudes o quejas ante las autoridades de las c谩rceles.
e) Corrupci贸n, la ubicaci贸n en sectores es el principal instrumento de corrupci贸n que se basa en criterios de cupo y capacidad econ贸mica de las personas de nuevo ingreso, otro es el cobro para lograr la entrada de objetos y sustancias prohibidas.
f) Muertes violentas. Durante el a帽o 2009 han muerto 12 personas privadas de libertad, algunas de ellas testigos claves de procesos penales en desarrollo, como consecuencia de la pr谩ctica constante de dar traslados sin control previo del juez respectivo. Adem谩s, 5 personas funcionarias o empleados del sistema penitenciario han muerto en el desempe帽o de sus funciones, lo que evidencia la falta de pol铆ticas adecuadas para el desarrollo del r茅gimen penitenciario. Son frecuentes los malos tratos y posibles hechos de tortura principalmente provenientes de las mismas personas privadas de libertad con aquiescencia de las autoridades, y por parte de las mismas autoridades, sobre todo en c谩rceles a cargo de la Polic铆a Nacional Civil, lo cual se agrava debido a que el control interno y externo de las c谩rceles es d茅bil debido a la falta de recursos humanos y financieros. Muestra de estas deficiencias son las condiciones聽 en que se encuentran por lo menos 15 personas privadas de libertad con enfermedades mentales quienes est谩n aisladas en forma permanente y sin ning煤n tratamiento en los hospitalitos o en sectores de aislamiento de las c谩rceles de Cantel, Pav贸n, El Boquer贸n.
El avance hacia un modelo de seguridad ciudadana dentro de la pol铆tica criminal del Estado presenta dos escenarios: a) el contexto actual de seguridad penitenciaria, puesto que la situaci贸n de violencia e inseguridad ha generado un endurecimiento en la normativa sobre prisi贸n preventiva y, adem谩s, un endurecimiento en las agencias del sistema de justicia penal sobre las formas de actuaci贸n frente a las personas privadas de libertad. b) la implementaci贸n de la ley de r茅gimen penitenciario plantea una adecuaci贸n normativa y una generaci贸n de pol铆ticas penitenciarias en materia de seguridad y reinserci贸n social, que, sin embargo, se ven obstaculizadas por distintos eventos de tipo pol铆tico, como los cambios constantes en la direcci贸n general, lo que conlleva cambios del personal, de las subdirecciones, de equipos multidisciplinarios y que consecuentemente han impedido la instalaci贸n de la carrera penitenciaria, la creaci贸n y aprobaci贸n de los reglamentos penitenciarios, la creaci贸n y funcionamiento de protocolos de uso racional de la fuerza, entre otros.
Objetivo Estrat茅gico聽
Lograr el pleno respeto de los derechos humanos de las personas m谩s vulnerables frente al sistema penal a trav茅s de un efectivo acceso a la justicia.
Objetivo program谩tico:
Disminuir las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, hombres y personas pertenecientes a los pueblos ind铆genas aprehendidas y privadas de libertad y condenadas a la pena de muerte.
Resultados program谩ticos
Se disminuye el abuso de las fuerzas de seguridad en contra de las mujeres, hombres y personas pertenecientes a los pueblos ind铆genas aprehendidas, detenidas y privadas de libertad y otras violaciones al debido proceso.
Contribuir a la disminuci贸n del uso arbitrario de la prisi贸n preventiva y otras violaciones al debido proceso
Indicadores
Se reduce en un 6%10 las violaciones a los derechos humanos y otros abusos al debido proceso de las personas aprehendidas y privadas de libertad
Se disminuye tres pr谩cticas sexistas en el sistema de justicia penal en el tratamiento de casos de mujeres en conflicto con la ley.
Se inicia procesos de creaci贸n del registro de personas detenidas en el OJ y de Reformas al C贸digo Penal para tipificar adecuadamente el delito de tortura;
Se logra la aprobaci贸n del mecanismo nacional de prevenci贸n de la tortura y se comparten experiencias con Honduras y El Salvador
Se emite recomendaciones y observaciones al Estado por parte de organismos internacionales de DDHH, como resultado del litigio estrat茅gico de casos paradigm谩ticos seleccionados.
Actividades:
Litigio estrat茅gico en casos de tortura y casos de ejecuciones extrajudiciales y de violencia contra las mujeres en las c谩rceles
Monitoreo de condiciones de privaci贸n de libertad de las personas condenadas a la pena de muerte
Presentaci贸n de Recursos y Revisiones
b)聽聽聽 Programa Justicia Penal y Seguridad Juvenil
Contexto
Los altos niveles de violencia e impunidad que presenta el pa铆s y la atribuci贸n de estos a los adolescentes, originan la implementaci贸n de pol铆ticas reactivas, represivas, enmarcadas en un modelo de seguridad ciudadana,聽 que se refleja en violaciones a derechos humanos de este sector de la poblaci贸n: en los 煤ltimos dos a帽os han ocurrido un promedio de 330 muertes violentas de adolescentes entre los 13 y 17 a帽os de edad11. Adem谩s se han dado iniciativas de reformas a la Ley de Protecci贸n Integral de la Ni帽ez y la Adolescencia, que proponen la disminuci贸n de la edad penal del adolescente y tambi茅n para que a los y las adolescentes que cumplen 18 a帽os dentro de los centros de privaci贸n de libertad se les traslade a un centro para adultos12. A esto se acompa帽a la聽 militarizaci贸n de las instituciones responsables de brindar seguridad, en contravenci贸n a diversas instituciones legislativas vigentes en materia de juventud, y a los Acuerdos de Paz.
El Sistema de Justicia Penal Juvenil presenta un avance聽 en materia de acceso a la jurisdicci贸n especializada: implementaci贸n de juzgados de ni帽ez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal, Defensores Especializados y Fiscales de Menores y de la Ni帽ez en varias regiones del pa铆s; as铆 como la instalaci贸n de la Secci贸n de Ni帽ez y Adolescencia de la Polic铆a Nacional Civil. Sin embargo en el tema de ejecuci贸n de las sanciones aun hay debilidades pues se cuenta con un solo Juzgado de Control de Ejecuci贸n de Medidas, ubicado en la ciudad capital, lo que genera que, para la revisi贸n de las medidas que plantea el proceso, los adolescentes y sus familias incurran en gastos que perjudican su precaria econom铆a.
Por otra parte, aunque se ha iniciado un proceso que permite el acceso a la justicia penal juvenil, persiste un considerable nivel de resistencia al cambio cultural que plantea la Doctrina de Protecci贸n Integral por parte de algunos聽 funcionarios de justicia,聽 lo cual se refleja en pr谩cticas que responden a la doctrina de situaci贸n irregular, como privar de libertad como medida de protecci贸n del adolescente o de la sociedad y, a pesar de que existe un alto porcentaje de privaci贸n de libertad por delitos graves, el uso de la privaci贸n de libertad provisional para delitos de bagatela es considerable: en el a帽o 2008 hubo 1075 adolescentes en privaci贸n de libertad provisional13.
Los Programas de la Sub-Secretar铆a de Reinserci贸n y Resocializaci贸n de la SBS son a煤n d茅biles; esta problem谩tica se agudiza en el Programa de Privaci贸n de Libertad, dada la tendencia a la militarizaci贸n y a utilizar la privaci贸n de libertad como castigo, impidiendo dise帽ar programas de socializaci贸n de los adolescentes privados de libertad, sino, contrario a esto, se dan violaciones a los DDHH de los adolescentes reclusos y se prioriza la seguridad por sobre ellos. Los constantes cambios en los cargos de direcci贸n de la Sub-secretar铆a de Reinserci贸n social de la Secretar铆a de Bienestar Social, provocan que los procesos reinicien con las nuevas autoridades cada vez que asumen sus cargos. Sin embargo, es satisfactorio indicar para este a帽o la aplicaci贸n de Medidas Socio-educativas alternativas a la privaci贸n de libertad presenta un aumento considerable, de 170 adolescentes14. Los聽 discursos pol铆ticos de mano dura y la acci贸n negativa de los medios de comunicaci贸n para abordar el fen贸meno de la delincuencia obstaculizan el incremento de estas sanciones, a lo cual se suma la exigencia de la poblaci贸n para la aplicaci贸n de sanciones m谩s duras y pol铆ticas represivas.
El Programa cuenta con redes sociales en diferentes departamentos del pa铆s, sensibilizadas sobre la importancia de la participaci贸n comunitaria en la integraci贸n de los adolescentes en conflicto con la ley penal y acerca de la prevenci贸n sobre la reacci贸n.
Objetivo Program谩tico:
Contribuir a la adecuada observaci贸n de los derechos humanos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, en base a la normativa que recoge la doctrina de protecci贸n integral, y promover pol铆ticas efectivas y democr谩ticas de prevenci贸n del delito, respetuosas de los derechos humanos.
Resultados:
Las instancias de justicia toman en cuenta los principios de la Convenci贸n de los Derechos del Ni帽o y de la Doctrina de Protecci贸n Integral en sus programas de Sanciones Socioeducativas para adolescentes en conflicto con la ley penal y para los programas de prevenci贸n de la delincuencia juvenil.
Se dise帽a un Programa socioeducativo para los centros de privaci贸n de libertad de adolescentes en conflicto con la ley penal.
Aumento de 5% en las salidas alternativas a la privaci贸n de libertad para adolescentes en conflicto con la ley penal.
Indicadores:
Se reduce en un 11% las violaciones a los derechos humanos y otros abusos al debido proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal.
Se inicia la implementaci贸n de un programa socioeducativo para adolescentes privados de libertad.
Actividades:
Investigaci贸n:
Pol铆tica criminal juvenil actual en Guatemala y su coherencia con la Convenci贸n de los Derechos del Ni帽o y la Ley de聽 Protecci贸n Integral de Protecci贸n de la Ni帽ez y la Adolescencia.
Observatorio Centroamericano de Justicia Juvenil
Investigaci贸n Centroamericana sobre Ejecuciones extrajudiciales de j贸venes estigmatizados
Respuestas del sistema de justicia ind铆gena y el estatal en conflictos que involucran a adolescentes ind铆genas.
Incidencia:
Para la formulaci贸n de pol铆ticas p煤blicas de prevenci贸n de la violencia juvenil primaria, secundaria y terciaria.
Para la implementaci贸n del programa socioeducativo para adolescentes privados de libertad聽
Capacitaci贸n:
Seminarios de intercambio de buenas pr谩cticas con funcionarios de justicia juvenil de la regi贸n centroamericana
Sensibilizaci贸n:
En temas de prevenci贸n del delito, apoyo a programas alternativos a la privaci贸n de libertad y formulaci贸n e implementaci贸n de pol铆ticas p煤blicas a redes de sociedad civil de los departamentos de Chimaltenango, Alta Verapaz, Quich茅, Guatemala y Huehuetenango.
Litigio estrat茅gico:
De casos de violaciones a derechos humanos de adolescentes privados de libertad.
c) Multiculturalidad y derechos de los pueblos ind铆genas
Contexto
Una de las grandes deudas hist贸ricas en la construcci贸n del Estado democr谩tico de derecho en Guatemala, es el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos ind铆genas, ya que los niveles de exclusi贸n social y de participaci贸n pol铆tica de este sector mayoritario son los m谩s alarmantes en nuestra sociedad.
A pesar de los avances en materia normativa15, en la realidad persisten las pr谩cticas racistas y discriminatorias, ya que la estructura estatal y las practicas de los funcionarios estatales y de la sociedad, demuestran el enorme camino que hay que recorrer, fundamentalmente transformar el Estado, para que como lo definen los Acuerdos de Paz, principalmente el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Ind铆genas, sea el reflejo de una sociedad multiling眉e, multi茅tnica y pluricultural.
El sistema de justicia no es la excepci贸n y es el fiel reflejo de lo que sucede en las 谩reas social, econ贸mica y pol铆tica, ya que si bien se han producido avances importantes en el 谩mbito de la Justicia oficial, como un buen est谩ndar de derechos y garant铆as de las personas, creaci贸n de nueva institucionalidad y el despliegue en lugares donde antes no exist铆an los servicios de justicia estatales y algunos avances relevantes para hacer m谩s 谩gil y trasparente el sistema de justicia penal, 茅ste a煤n es insensible a los derechos espec铆ficos de los pueblos ind铆genas y funciona en lo cotidiano sin la pertinencia cultural, ya que las聽 personas pertenecientes a dichos pueblos que son captados o acuden al sistema judicial, no encuentran las respuestas adecuadas a sus necesidades de justicia, as铆 como聽 una incomprensi贸n absoluta de sus derechos y pr谩cticas culturales.聽聽聽聽聽聽聽聽
Algunos ejemplos son ilustrativos de dicha realidad: 鈥淟a aplicaci贸n cotidiana de la prisi贸n como parte de la respuesta estatal a los conflictos donde son se帽alados o condenados las personas pertenecientes a los pueblos ind铆genas; falta de funcionarios judiciales pertenecientes a los propios pueblos donde se administra justicia, as铆 como insuficiente y mala preparaci贸n de interpretes y traductores; las instituciones sustantivas y procesales se aplican con una l贸gica de la 鈥渓egalidad鈥 sin adaptarlas con la pertinencia cultural que la diversidad requiere, demostrando la visi贸n mono 茅tnica, mono cultural del Estado guatemalteco, etc.鈥澛犅犅
Por otra parte, el ejercicio del derecho ind铆gena, no s贸lo se sigue negando, sino tambi茅n desvalorando, en 茅sta l贸gica, muchas veces, como parte de ese discurso聽 deslegitimador, de forma intencional se le asocia con pr谩cticas o reacciones informales, como linchamientos y otras pr谩cticas ilegales, que no son parte del derecho ind铆gena, sin mencionar el hecho hist贸rico y equivoco de asociarlo con la soluci贸n de conflictos 鈥渋nferiores o menores鈥.
Si bien existen investigaciones que han abordado alguna problem谩tica, en general se carece de una visi贸n especializada y cr铆tica, que desde la epistemolog铆a y las ciencias penales, explique y de cuentas sobre el marco de la pol铆tica criminal del Estado hacia los pueblos ind铆genas y se contraste con datos emp铆ricos productos de investigaciones. Esta carencia epistemol贸gica y emp铆rica a nuestro juicio, hace que no se cuente con un discurso coherente聽 para desmontar las falacias que se siguen consolidando a trav茅s de discursos deslegitimadores y sus pr谩cticas cotidianas, se sigan aceptando a priori propuestas sin o con poca actitud cr铆tica, que muchas veces van consolidando un sistema de doble control social que deja en enormes desventajas a los pueblos ind铆genas y obliga al sometimiento de una justicia occidental cuyas estructuras y pr谩cticas hacen nugatorios la especificidad y la pertinencia cultural; asimismo dicha realidad hace que se carezca de propuestas concretas para revisar y en su caso transformar la pol铆tica criminal del Estado hacia los pueblos ind铆genas en sus distintos niveles.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
Objetivos
Contribuir a la transformaci贸n de las pol铆ticas y pr谩cticas institucionales del sistema penal, para que adopte sus estrategias y actuaci贸n a los derechos espec铆ficos de las personas pertenecientes a los pueblos ind铆genas, y promover el pleno reconocimiento del derecho ind铆gena como parte del sistema jur铆dico nacional.
Resultados
Se cuenta con una propuesta de intervenci贸n institucional con especificidad cient铆fica, acorde a la diversidad cultural de Guatemala en el marco del sistema jur铆dico estatal.聽聽聽
Una propuesta de pol铆tica criminal democr谩tica institucional incluyente, a partir de investigaciones especificas para mejorar la intervenci贸n institucional en el marco de una justicia penal que adopte con especificidad los derechos de los pueblos ind铆genas.
Indicadores
Se identifica los principales elementos constitutivos de la normativa jur铆dica que impiden la coordinaci贸n del sistema jur铆dico estatal con el sistema ind铆gena
Se identifica las principales pr谩cticas que en el sistema de justicia coadyuvan a violaciones a derechos de los pueblos ind铆genas
Actividades
Investigaci贸n en materia de aspectos normativos y pol铆ticas institucionales para la consideraci贸n de la diversidad cultural en el sistema jur铆dico guatemalteco
Capacitaci贸n para la transformaci贸n de pr谩cticas culturales de funcionarios del sistema de justicia y a organizaciones de sociedad civil afines para el fortalecimiento de procesos conjuntos
Incidencia para la implementaci贸n de cambios favorables en la pol铆tica criminal, orientados a espec铆ficamente a los derechos de los pueblos ind铆genas.a) Personas privadas de Libertad y Derechos Humanos
Contexto
La Direcci贸n General del Sistema Penitenciario cuenta con 46 centros de privaci贸n de libertad, 6 para cumplimiento de condena y 39 para prisi贸n preventiva con una capacidad instalada aproximada de聽 7,6001 plazas distribuidas en 192 centros de privaci贸n de libertad, 6 destinados a cumplimiento de condena y 13 a prisi贸n preventiva. Los centros a cargo de la Polic铆a Nacional Civil, destinados a prisi贸n preventiva, suman 27, con una capacidad instalada de 452 aproximadamente plazas, totalizando 7, 952 plazas para todo el pa铆s: a julio de 2009 la poblaci贸n de hombres3 y mujeres reclusos es de 9,129 personas4: 4, 394 en cumplimiento de condena (48.13%) y 4, 735 en prisi贸n preventiva (51.87%).
Las pol铆ticas de la actual administraci贸n, van dirigidas principalmente al tema de seguridad e implementaci贸n de la ley de r茅gimen penitenciario, sin embargo, los problemas estructurales descritos en los distintos informes de la CIDH5, Procurador de los Derechos Humanos6 y Sociedad Civil, son los mismos: condiciones precarias y malos tratos:聽
a) Ausencia de condiciones para la implementaci贸n de ley de r茅gimen penitenciario, que no cuenta a煤n con las condiciones m铆nimas para desarrollar el r茅gimen progresivo y de carrera que establece la ley; asimismo, los centros requieren de una infraestructura acorde a desarrollar las actividades propias de las fases de tratamiento del r茅gimen progresivo. Adem谩s, no hay coordinaci贸n entre los operadores de justicia para desarrollar el rol que le otorga la ley de r茅gimen penitenciario a cada una de las partes.
b) Hacinamiento, que se refleja en 54.49% de sobrepoblaci贸n en los centros de cumplimiento de condena y un 49.85% en los centros de prisi贸n preventiva, lo cual se relaciona directamente con la carencia de infraestructura y con el uso irracional de la prisi贸n preventiva por parte de los operadores del sistema de justicia聽 y a trav茅s de la pr谩ctica de capturas ilegales y masivas de personas aduciendo presuntos delitos de posesi贸n para el consumo y faltas.
c) Precariedad de servicios b谩sicos. El 93% de los centros carece de agua potable: 1 chorro del servicio聽 para un promedio general de 57.4 personas;聽 los servicios sanitarios sirven a un promedio de 1 por cada 32.2 personas; la alimentaci贸n es de mala calidad e insuficiente; en el 56% de los centros no existe disponibilidad de servicio telef贸nico7. El 56% de los centros no cuenta con m茅dico ni personal param茅dico y cuando los hay s贸lo est谩n disponibles por periodos de 8 a 17 horas, sin asistencia durante las noches o fines de semana.
d) Malos tratos en contra de la poblaci贸n vulnerable, principalmente de enfermos mentales, mujeres, ind铆genas, miembros de pandillas. En 2009, 75 mujeres (40%) fueron v铆ctimas de abusos y violaciones a sus derechos fundamentales durante la detenci贸n; adem谩s se ha documentado que a las mujeres procesadas no se les permite su derecho a la visita conyugal en las c谩rceles a cargo de la PNC8 y que sufren de acoso sexual por parte de los agentes.9 No obstante que el 24% de la poblaci贸n privada de libertad es ind铆gena, la mayor铆a de personal s贸lo habla espa帽ol; la mayor铆a de personas ind铆genas son obligadas a realizar las labores de limpieza para sobrevivir.聽 La mayor铆a de personas que se identificaban como miembros de una de las pandillas, en enero de 2009 eran 451, est谩n recluidas en un r茅gimen m谩s restrictivo y en condiciones m谩s precarias; no se les permite el ingreso de comida, libros, peri贸dicos; no se le proporciona camas ni atenci贸n m茅dica adecuada; la mayor铆a padece enfermedades de la piel (sarcoptosis) y est谩n hacinados en un espacio para dormir de 0.32 metros cuadrados por persona. El acceso a mecanismos de solicitudes o quejas, es limitado y arbitrario, ya que son los mismos reclusos encargados de sectores quienes autorizan la presentaci贸n de solicitudes o quejas ante las autoridades de las c谩rceles.
e) Corrupci贸n, la ubicaci贸n en sectores es el principal instrumento de corrupci贸n que se basa en criterios de cupo y capacidad econ贸mica de las personas de nuevo ingreso, otro es el cobro para lograr la entrada de objetos y sustancias prohibidas.
f) Muertes violentas. Durante el a帽o 2009 han muerto 12 personas privadas de libertad, algunas de ellas testigos claves de procesos penales en desarrollo, como consecuencia de la pr谩ctica constante de dar traslados sin control previo del juez respectivo. Adem谩s, 5 personas funcionarias o empleados del sistema penitenciario han muerto en el desempe帽o de sus funciones, lo que evidencia la falta de pol铆ticas adecuadas para el desarrollo del r茅gimen penitenciario. Son frecuentes los malos tratos y posibles hechos de tortura principalmente provenientes de las mismas personas privadas de libertad con aquiescencia de las autoridades, y por parte de las mismas autoridades, sobre todo en c谩rceles a cargo de la Polic铆a Nacional Civil, lo cual se agrava debido a que el control interno y externo de las c谩rceles es d茅bil debido a la falta de recursos humanos y financieros. Muestra de estas deficiencias son las condiciones聽 en que se encuentran por lo menos 15 personas privadas de libertad con enfermedades mentales quienes est谩n aisladas en forma permanente y sin ning煤n tratamiento en los hospitalitos o en sectores de aislamiento de las c谩rceles de Cantel, Pav贸n, El Boquer贸n.
El avance hacia un modelo de seguridad ciudadana dentro de la pol铆tica criminal del Estado presenta dos escenarios: a) el contexto actual de seguridad penitenciaria, puesto que la situaci贸n de violencia e inseguridad ha generado un endurecimiento en la normativa sobre prisi贸n preventiva y, adem谩s, un endurecimiento en las agencias del sistema de justicia penal sobre las formas de actuaci贸n frente a las personas privadas de libertad. b) la implementaci贸n de la ley de r茅gimen penitenciario plantea una adecuaci贸n normativa y una generaci贸n de pol铆ticas penitenciarias en materia de seguridad y reinserci贸n social, que, sin embargo, se ven obstaculizadas por distintos eventos de tipo pol铆tico, como los cambios constantes en la direcci贸n general, lo que conlleva cambios del personal, de las subdirecciones, de equipos multidisciplinarios y que consecuentemente han impedido la instalaci贸n de la carrera penitenciaria, la creaci贸n y aprobaci贸n de los reglamentos penitenciarios, la creaci贸n y funcionamiento de protocolos de uso racional de la fuerza, entre otros.
Objetivo Estrat茅gico聽
Lograr el pleno respeto de los derechos humanos de las personas m谩s vulnerables frente al sistema penal a trav茅s de un efectivo acceso a la justicia.
Objetivo program谩tico:
Disminuir las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, hombres y personas pertenecientes a los pueblos ind铆genas aprehendidas y privadas de libertad y condenadas a la pena de muerte.
Resultados program谩ticos
Se disminuye el abuso de las fuerzas de seguridad en contra de las mujeres, hombres y personas pertenecientes a los pueblos ind铆genas aprehendidas, detenidas y privadas de libertad y otras violaciones al debido proceso.
Contribuir a la disminuci贸n del uso arbitrario de la prisi贸n preventiva y otras violaciones al debido proceso
Indicadores
Se reduce en un 6%10 las violaciones a los derechos humanos y otros abusos al debido proceso de las personas aprehendidas y privadas de libertad
Se disminuye tres pr谩cticas sexistas en el sistema de justicia penal en el tratamiento de casos de mujeres en conflicto con la ley.
Se inicia procesos de creaci贸n del registro de personas detenidas en el OJ y de Reformas al C贸digo Penal para tipificar adecuadamente el delito de tortura;
Se logra la aprobaci贸n del mecanismo nacional de prevenci贸n de la tortura y se comparten experiencias con Honduras y El Salvador
Se emite recomendaciones y observaciones al Estado por parte de organismos internacionales de DDHH, como resultado del litigio estrat茅gico de casos paradigm谩ticos seleccionados.
Actividades:
Litigio estrat茅gico en casos de tortura y casos de ejecuciones extrajudiciales y de violencia contra las mujeres en las c谩rceles
Monitoreo de condiciones de privaci贸n de libertad de las personas condenadas a la pena de muerte
Presentaci贸n de Recursos y Revisiones
Transformaci贸n Estructural del Sistema de Justicia
Promover transformaciones estructurales en el sistema de justicia por medio de la adecuaci贸n de la pol铆tica criminal a los principios fundamentales de un estado social, democr谩tico y de derecho, especialmente, para que se facilite el acceso a la justicia a todas las personas y mediante la inducci贸n de cambios en el funcionamiento del sistema.
Lineas Program谩ticas
a) Justicia Penal y M茅todos Alternativos de Resoluci贸n de Conflictos
Contexto
En los 煤ltimos a帽os en Guatemala ha existido un incremento continuo en la violencia, seg煤n lo evidencian las m谩s de 6,2921 muertes violentas, de las cuales 687 fueron de mujeres en el 2008.聽 Este fen贸meno tiene diversas causas, entre ellas el incremento de las estructuras vinculadas con el narcotr谩fico y el crimen organizado, acciones de la mal llamada limpieza social, actividades de pandillas juveniles, entre otros.聽 El sistema de justicia ha tenido una respuesta sumamente ineficiente, se esclarecen menos del tres por ciento de los casos, lo que contribuye a la sensaci贸n de indefensi贸n por parte de la ciudadan铆a y a un reclamo cada vez mayor de respuestas de mano dura2.
聽
En este marco, el Ministerio P煤blico ha exigido a sus fiscales que cada mes entreguen una cantidad de acusaciones, sin que se verifique la gravedad o el impacto social de los delitos por los que se acusa.聽 El resultado ha sido una baja en la aplicaci贸n de medidas desjudicializadoras, ya que en los casos de menor trascendencia social o de bagatela son en los que si se est谩 acusando, presentando as铆, solamente n煤meros y no respuestas efectivas a los conflictos.
En el 谩mbito social, tambi茅n ha habido un incremento en los linchamientos, debido a diversos factores: la inseguridad, la falta de respuesta adecuada del Estado y tambi茅n a actores locales con poder (ex patrulleros civiles, narcotraficantes) que encubren sus cr铆menes en esta figura.聽
| Estad铆sticas de linchamientos en Guatemala por meses durante a帽o 2009 |
Estad铆sticas de linchamientos en Guatemala por meses durante a帽o 2008 |
Mes |
Intentos |
Muertos |
Total |
Mes |
Intentos |
Muertos |
Total |
| Enero |
19 |
2 |
21 |
Enero |
8 |
3 |
11 |
| Febrero |
18 |
4 |
22 |
Febrero |
2 |
0 |
2 |
| Marzo |
12 |
9 |
21 |
Marzo |
5 |
0 |
5 |
| Abril |
15 |
1 |
16 |
Abril |
9 |
0 |
9 |
| Mayo |
5 |
2 |
7 |
Mayo |
11 |
2 |
13 |
| Junio |
16 |
5 |
21 |
Junio |
1 |
0 |
1 |
| Julio |
16 |
5 |
21 |
Julio |
13 |
1 |
14 |
| Agosto |
7 |
1 |
8 |
Agosto |
1 |
1 |
2 |
| Septiembre |
0 |
0 |
0 |
Septiembre |
12 |
4 |
16 |
| Octubre |
0 |
0 |
0 |
Octubre |
15 |
2 |
17 |
| Noviembre |
0 |
0 |
0 |
Noviembre |
12 |
2 |
14 |
| Diciembre |
0 |
0 |
0 |
Diciembre |
29 |
10 |
39 |
| Total |
102 |
28 |
130 |
Total |
118 |
25 |
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Objetivo Estrat茅gico
Apoyar el proceso de reforma de la justicia para que las agencias del sistema cumplan con sus funciones constitucionales dentro de una pol铆tica criminal democr谩tica.
Objetivo Program谩tico
Contribuir a la disminuci贸n de聽聽 los niveles de violencia estatal y social聽 mediante la aplicaci贸n de mecanismos alternativos de resoluci贸n de conflictos y la promoci贸n de una justicia reparadora, considerando aspectos de g茅nero y multiculturalidad.
Resultados
Las personas funcionarias de justicia, l铆deres y liderezas sociales y comunitarias de las sedes donde interviene el programa aplican m茅todos alternativos en la resoluci贸n de los conflictos que atienden, incidiendo en el logro de las reparaciones efectivas
Indicadores
Para el 2011 se incrementan en un 50%聽 la aplicaci贸n de medidas desjudicializadoras en cinco lugares focalizados
Para el 2011 se cuenta con聽 creaci贸n de tres redes sociales en articulaci贸n con instancias de justicia, que promueven respuestas no violenta.3
Actividades
Investigaci贸n:聽
聽
Mecanismos ind铆genas y locales de gesti贸n de la conflictividad comunitaria; particularmente en conflictos de tierra y violencia intrafamiliar.
An谩lisis para identificar estrategias de intervenci贸n primaria y secundaria en prevenci贸n de linchamientos;
Estudios comparativos sobre la aplicaci贸n de las medidas desjudicializadoras para identificar buenas pr谩cticas para su multiplicaci贸n.
Capacitaci贸n:
Dirigida a funcionarios de justicia, ligerezas/es comunitarias y sociales, sobre conocimientos, herramientas y t茅cnicas para gestionar la conflictividad a trav茅s de m茅todos alternativos de resoluci贸n de conflictos; acompa帽ar la implementaci贸n de redes, el modelo de gesti贸n judicial, y el modelo de fiscal铆as.
Hacer un hilo conductor para capacitar, aplicar y multiplicar, divulgar y sensibilizar nuevas formas de resolver la conflictividad diaria de acuerdo a los diferentes contextos, lo cual evitar铆a menor aplicaci贸n de sanciones mayor reparaci贸n de da帽o ocasionado, involucramiento de la v铆ctima en la resoluci贸n del conflicto presentado y resolver desde el sistema de justicia y desde la sociedad, contribuyendo a evitar la escalada del conflicto y por ende los linchamientos o venganzas privadas.
Incidencia pol铆tica y sensibilizaci贸n聽
implementar propuestas para generar聽 condiciones favorables en聽 las聽 instancias de justicia y en el contexto social en las sedes de intervenci贸n, orientadas a la聽 aplicaci贸n de m茅todos alternativos de resoluci贸n de conflictos.
Seminario de identificaci贸n de buenas pr谩cticas en la aplicaci贸n de m茅todos alternativos en el proceso penal de los pa铆ses, Honduras, El Salvador y Guatemala.
b) Eficacia en la Justicia Penal
Contexto
El contexto actual en el que interviene el programa de Eficacia y Transparencia se debe analizar desde dos escenarios: el primero de ellos se caracteriza por los altos niveles de violencia e impunidad que atraviesa el pa铆s: para el a帽o 2,008 el n煤mero de homicidios fue de 6,292, cifra que increment贸 en comparaci贸n con el a帽o 2,007, que fue de 5,781.聽 En t茅rminos relativos se alcanzo la tasa de 48 muertes violentas por cada cien mil habitantes (el promedio mundial de 7 personas por cada cien mil habitantes). Ante tal situaci贸n, la respuesta de las instituciones del sistema de justicia es pr谩cticamente inexistente, sobre todo el Ministerio P煤blico, que presenta datos alarmantes en cuanto a su desempe帽o institucional, desde que inicio su funcionamiento, la tasa de resoluci贸n no ha superado el 13%, y la tasa m谩s fue en el a帽o 2,007 con el 4%.
El segundo de los escenarios se enmarca en la debilidad institucional de las agencias del sistema de administraci贸n de justicia.聽 En el caso del Ministerio P煤blico, la debilidad institucional y la inercia cultural que implic贸 su organizaci贸n, la ha convertido en una instituci贸n susceptible de influencias por parte del Poder Ejecutivo (debido al peso que tiene el Presidente en el nombramiento y destituci贸n del Fiscal General), con una cultura organizacional poco identificada con la v铆ctima, carente de compromiso pol铆tico y capacidad t茅cnica para enfrentar a los poderes tradicionales responsables de violaciones a los derechos humanos cometidos durante y despu茅s del conflicto armado interno, la corrupci贸n, la criminalidad con alto contenido de violencia, e indiferente a la posibilidad de solucionar聽 conflictos por las v铆as alternativas.聽
Otras de las debilidades institucionales la constituye el sistema de investigaci贸n criminal que enfrenta problemas directamente relacionados con la polic铆a y el servicio forense. Para el a帽o 2,008 de 18,525 agentes de la PNC, un total de 811 est谩n asignados a la investigaci贸n criminal. Frente a los est谩ndares internacionales que recomiendan al menos un 10% del total de la fuerza policial, esta cifra es insuficiente A esto debe agregarse el escaso despliegue territorial de los servicios de investigaci贸n criminal, los insuficientes recursos tecnol贸gicos, la deficiente formaci贸n profesional, las deficiencias en los sistemas de carrera profesional y la ineficiencia en el procesamiento de la escena del crimen.
En cuanto al servicio forense cabe destacar que hasta hace un par de a帽os, los distintos laboratorios y apoyo cient铆fico forense a la actividad de investigaci贸n se encontraba fragmentado y debilitado en distintas dependencias (Organismos Judicial, Polic铆a Nacional Civil y Ministerio P煤blico), lo que genera ineficiencia en su conjunto y la imposibilidad de gestar una pol铆tica de fortalecimiento efectivo, pues persiste la duda sobre la competencia de los organismos en la materia. Existe falta de voluntad pol铆tica para enfrentar su problem谩tica. La propuesta de creaci贸n de una instituci贸n que concentre dicha funci贸n, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, constituye hasta la fecha la respuesta m谩s adecuada, siempre y cuando pueda coordinar con los distintos organismos de justicia en forma expedita, reciba los recursos adecuados para su fortalecimiento, tenga capacidad de despliegue en toda la Rep煤blica y construya una organizaci贸n con capacidad funcional de aprovechar la capacidad instalada en otros organismos del Estado. Estas variables no se han presentado todav铆a en dicha instituci贸n, por lo cual, su presencia en el proceso penal es d茅bil, y por lo tanto, deficiente.
La eficacia y la transparencia, est谩 ligada especialmente a responder a las demandas de eficacia del control del crimen y a la eficiencia en la gesti贸n administrativa. El programa ha identificado como factor clave el aspecto administrativo: reconocer y develar la relaci贸n intr铆nseca que existe entre las formas procesales y la organizaci贸n del sistema de justicia penal.聽 Una de las propuestas ha sido la instauraci贸n de una metodolog铆a judicial basada en audiencias orales que implica la reorganizaci贸n interna del despacho judicial, y que supera el tr谩mite escrito del expediente y la burocratizaci贸n del proceso. En cuanto al Ministerio P煤blico, la estrategia de intervenci贸n que se ha definido es la implementaci贸n de un nuevo modelo de organizaci贸n y gesti贸n en la Fiscal铆as Distritales que persigue la especializaci贸n de la labor fiscal, divisi贸n del trabajo, rendici贸n de cuentas, y empoderamiento del fiscal distrital en su comunidad, cuyos elementos centrales son la creaci贸n de unidades especializadas conforme a cada una de las funciones del Ministerio P煤blico, la generaci贸n de una pol铆tica de persecuci贸n penal comunitaria y la atenci贸n integral de la v铆ctima.
Objetivo Program谩tico:
Incremento de soluciones efectivas del sistema de justicia penal, dentro de los plazos establecidos por la ley y en ambiente de transparencia judicial.
Resultados program谩ticos
En tres regiones del pa铆s se implementa el modelo de gesti贸n fiscal, en donde se tomar谩 en cuenta la violencia contra mujer y j贸venes, y se consolida la implementaci贸n del modelo de gesti贸n judicial en tres regiones del pa铆s.
Indicadores
Se incrementa en 5% de salidas efectivas del sistema de justicia penal
Se reduce en 10% la duraci贸n de los procesos penales
1 propuesta pol铆tico criminal es tomada en cuenta por INACIF en el tema delitos sexuales y violencia contra la mujer
Actividades
Investigaci贸n
Estado situacional sobre la implementaci贸n del Modelo de Reorganizaci贸n y Gesti贸n Fiscal en tres regiones del pa铆s.
Estado situacional sobre la implementaci贸n del modelo de gesti贸n penal por audiencias aplicado en tres regiones del pa铆s
Analizar el nivel de implementaci贸n y efectos de la ley de Femicidio en el sistema de administraci贸n de justicia.
Segundo informe del Observatorio de Justicia Penal.
Capacitaci贸n
Auxiliares fiscales, agentes fiscales y fiscales sobre el Modelo de reorganizaci贸n y gesti贸n fiscal
Jueces y personal auxiliar sobre el Modelo de Gesti贸n Penal por Audiencias
Operadores de justicia sobre la aplicaci贸n de la perspectiva de g茅nero en la justicia penal
Incidencia Pol铆tica
Seminario centroamericano sobre experiencias en m茅todos de organizaci贸n judicial que mejoran la eficacia del sistema de justicia penal.
Propuesta pol铆tica sobre implementaci贸n de sistemas de evaluaci贸n de desempe帽o a jueces y fiscales
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L铆neas Program谩ticas y Estrat茅gicas 
