Las elecciones generales del 2007, donde fueron electos Presidente y Vicepresidente, 158 diputados y 332 alcaldes, representan el sexto evento electoral consecutivo en Guatemala, lo que indica, en principio, una consolidación del sistema democrático de elecciones. Al igual que en las anteriores elecciones un partido político nuevo gana la contienda electoral, lo que a su vez es un indicador de la debilidad de los partidos políticos nacionales, pues ninguno ha logrado la victoria electoral en dos ocasiones. Los resultados electorales también muestran, por segunda vez consecutiva, que la población tiene una tendencia a dividir su voto, pues el partido que ganó la presidencia no cuenta con la mayoría en el Congreso.

Otro síntoma de la debilidad del sistema político nacional es la fragmentación de los partidos políticos en el Congreso de la República: al igual que en el gobierno de la Gran Alianza Nacional (2003-2007), los partidos políticos empiezan a dividirse después de llegar al poder, lo que repercute en problemas de gobernabilidad en el Congreso de la República, y dificultan al poder Ejecutivo el impulso de una agenda legislativa acorde a su plan de gobierno: para octubre de 2009, el partido oficial solamente tiene 30% de los diputados en el Congreso, lo que lo obliga a negociar con varias fuerzas políticas para aprobar cualquier ley.

Además, el sistema de partidos políticos en Guatemala tiene muy poco financiamiento del Estado, por lo que depende principalmente de financiamiento privado, lo que los hace altamente dependientes de sectores económicos e incluso de capitales cuestionados y, como resultado de esto, los partidos políticos en Guatemala carecen de ideología, de planes y agendas de gobierno y legislativas, por lo que tienden a fragmentarse una vez que alcanzan el poder político. Esto genera que, legislación importante en materia de seguridad y justicia se enfrente además a la diversidad de intereses de sectores particularmente propensos, entre otras cosas, a limitar garantías fundamentales y proponer políticas de mano dura que atentan contra los derechos humanos..

Diputados al Congreso de la República

Octubre 2009

Situación económica y social

La crisis económica mundial igual que al resto del mundo, ha afectado a Guatemala: el crecimiento económico fue prácticamente inexistente en el año 2008; la crisis en Estados Unidos produjo una caída en las exportaciones y disminución de las remesas familiares de casi un 20% en relación al año 2008¹, además de la pérdida de casi 150,000 empleos, y por consiguiente una importante disminución de los ingresos fiscales de alrededor del 9.2% en el 2009.

La política económica y social del actual gobierno se orienta básicamente al desarrollo de programas de asistencia a la población de escasos recursos (Cohesión Social) que incluyen la entrega de remesas familiares condicionadas a través de proyectos como “Mi familia progresa” y programas de educación gratuita y extra aulas (“escuelas abiertas”), el programa de “comedores solidarios”, donde se proporciona alimentos a bajo costo y el programa de entrega de productos básicos “bolsa solidaria”.

Para abordar aspectos estructurales relacionados con la atención a los derechos sociales y económicos de la población, en los que Guatemala continua presentando serios déficits a nivel mundial, no se ha visualizado política estatal alguna, a excepción de un abortado intento de reforma fiscal que ha sufrido fuertes oposiciones por parte del sector empresarial, históricamente opuesto a que en Guatemala se logre condiciones de equidad social para todos los guatemaltecos.

Confrontación gobierno-sector privado

Desde el inicio del gobierno de Álvaro Colom se ha tenido un enfrentamiento de baja intensidad con el sector privado organizado del país y con los medios de comunicación, al respecto de temas como la Reforma Fiscal y los programas de “Cohesión Social”. Este enfrentamiento llegó a su punto más alto con el asesinato del abogado empresarial Rodrigo Rosemberg en mayo de 2009, debido a que posterior a este crimen circuló un video donde este abogado culpaba al Presidente y a la Primera Dama de su asesinato; otro punto de enfrentamiento entre sector privado y gobierno se da en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, donde el sector privado y los grupos de presión surgidos a raíz del asesinato de Rosemberg unen fuerzas con algunas organizaciones de la sociedad civil para exigir transparencia en la elección de los magistrados, y donde aun privan intereses espurios para que su conformación responda a los grupos de poder, los cuales operan sistemáticamente desde instancias, a veces paralelas al mismo Organismo Judicial.

De acuerdo con algunos analistas, esta confrontación entre gobierno-sector privado toma lugar entre dos sectores que luchan por la hegemonía económica en el país, por un lado el sector empresarial o “capital tradicional”, y por otro el llamado “capital emergente”, conformado por ex militares y empresarios que acrecentaron sus capitales durante la guerra interna. De acuerdo a esta teoría ambos sectores luchan por el control de los recursos del Estado desde la firma de los Acuerdos de paz, tanto desde el gobierno de Alfonso Portillo como del de Álvaro Colom que representan los intereses del sector de capital emergente, mientras que los gobiernos de Álvaro Arzú y Oscar Berger representan los intereses del sector empresarial tradicional. Es importante destacar que otro factor de poder es el capital proveniente del narcotráfico, que se estima que en muchas ocasiones ha influido en los procesos electorales.

Situación de seguridad y justicia

El Gobierno de la GANA (2003-2007), se caracterizó por un importante incremento de los índices delincuenciales, particularmente homicidios: comparado con el gobierno del FRG y Alfonso Portillo, los homicidios aumentaron en un 53%, durante el primer año de Álvaro Colom cuando se continuó con esta tendencia de aumento de asesinatos.

Unido a los altos índices delictivos, la impunidad, entendida como falta de sanción a los delitos, constituye uno de los principales problemas de Guatemala: del total de delitos que ingresan al sistema de justicia solamente el 5% logran una respuesta satisfactoria por parte del sistema, y la situación es más grave en los delitos contra la vida, en los que únicamente el 2% logran respuesta por parte del sistema². En materia de delitos sexuales, de más de cuatro mil casos que ingresan al sistema de justicia, sólo el 1% recibe una respuesta efectiva.

Fuente: PNC

Tasa de criminalidad acumulada 2008/tipo de delito

La debilidad estructural y la falta de institucionalidad son características generales de las instituciones que conforman el sistema de justicia en Guatemala, tanto el Organismo Judicial como el Ministerio Público y principalmente la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario, presentan problemas de escasos recursos económicos asignados, debilidad en los sistemas de formación del personal y de carrera profesional, de coordinación interinstitucional, así como corrupción e infiltración del crimen organizado en sus estructuras. Unido a lo anterior, los constantes cambios de Ministros de Gobernación y Directores generales de la Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario y de la Secretaría de Bienestar Social, impiden institucionalizar políticas y programas de seguridad y justicia, solamente durante el período de 2008-2009, se ha cambiado cuatro veces a los directores de la PNC y del Sistema Penitenciario.

Como evidencia de este deterioro institucional, se tiene las recientes masacres cometidas por agentes de la Policía Nacional Civil, de la propia unidad de investigación criminal, quienes en febrero de 2007 ejecutaron a dos parlamentarios salvadoreños y su conductor, y en septiembre del 2007 perpetraron los asesinatos de 5 jóvenes entre 17 y 22 años, cuyos cadáveres fueron encontrados torturados a inmediaciones de Mixco, entre otra serie de acciones criminales. A ello se agrega que, como lo hemos logrado establecer, la PNC continua perpetrando actos de tortura sexual contra hombres y mujeres, tanto, en el momento de la captura, como durante la privación de libertad.

Durante los últimos tres años se ha aprobado leyes importantes en materia de combate a la violencia sexual y contra la mujer, como la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Sin embargo, estas presentan problemas para su aplicación como resultado de la persistente cultura de violencia, discriminación contra las mujeres en el sistema de justicia y también como consecuencia de que los reglamentos que permitan su operatividad están pendientes de ser elaborados y/o aprobados.

En este contexto, desde septiembre de 2007, el Congreso de la República aprobó la instalación en Guatemala de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), conformada por expertos en las áreas de justicia penal y seguridad, a cargo del Fiscal español Carlos Castresana. El mandato de la CICIG es contribuir con el Estado de Guatemala en el combate y persecución de los Cuerpos Clandestinos y Aparatos de Seguridad (CIACS), que son organizaciones del crimen organizado que tienen la capacidad de generar impunidad para sus acciones a través del asesinato, la amenaza o la corrupción.

La CICIG ha recibido importantes apoyos de la comunidad internacional y el apoyo político de la sociedad civil y los medios de comunicación, ha presentado al Congreso de la República varias iniciativas de ley para fortalecer la persecución penal, presta apoyo en casos concretos al Ministerio Público y provee entrenamiento de un grupo de investigadores de la Policía Nacional Civil. Su mandato fue extendido por el Congreso en septiembre de 2009, y termina en 20011, ante la expectativa de la sociedad guatemalteca por la obtención de logros significativos en el combate a los CIACS.

Por otra parte, debido a la situación anteriormente descrita, la problemática de seguridad y justicia es, junto a la crisis económica, el tema de mayor impacto en los medios de comunicación, los cuales en algunas circunstancias aparecen adversos a la gestión estatal en su conjunto.

El período 2009-2010 será de trascendental importancia para el sistema de justicia del país, pues durante el mismo se eligen Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, Fiscal General de la República y Corte de Constitucionalidad, cada uno de ellos durará cinco años en sus funciones. Entre ellas, recientemente se llevó a cabo la elección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, proceso que estuvo precedido por la aprobación en mayo, de la Ley de Comisiones de Postulación que permitió en alguna medida la transparencia y la auditoría social en el proceso de elecciones. Durante este proceso se evidenciaron los enormes intereses, tanto de grupos de poder tradicionales como emergentes, e incluso del crimen organizado en la elección de magistrados, los cuales se manifestaron a través de la erogación enormes recursos económicos dispensados para las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios, la inclusión en las nóminas de aspirantes de candidatos señalados de representar a estos sectores, y por intentos de hacer secreta la elección y negociaciones políticas, entre otras.

Durante ese proceso fue trascendental la participación de la sociedad civil, que, mediante alianzas estratégicas, impulsamos la ley de Comisiones de Postulación y sus reformas, procedimientos de calificación de aspirantes, propuestas de cuestionarios, así como vetos contra candidatos no idóneos. También fue importante el papel de la CICIG, principalmente ante el Congreso de la República, cuando presentó una lista de candidatos no idóneos (ocho magistrados electos y a 20 candidatos a magistrados de apelaciones) que tuvo como resultado que, también ante la presión social, de los medios de comunicación, de la comunidad internacional y de la propia CICIG, condujo a una nueva elección de Magistrados y fueron excluidas tres personas de las señaladas por la CICIG.

El desafío es ahora importante para las OSC, quienes deben continuar en este esfuerzo unificado para desarrollar permanente auditoría sobre el desempeño y probidad de estos nuevos funcionarios, tanto en función de la transparencia en la administración de justicia, como en cuanto a que se mantenga el proceso de reforma judicial y otras acciones tendientes a garantizar el estado de derecho.

Para el caso específico del ICCPG, es un reto continuar en la defensa de los más vulnerables frente al sistema y en la debida observancia de los derechos humanos en la persecución penal de las personas implicadas en la comisión de delitos y particularmente la atención debida a la víctima. Así mismo, se mantiene el reto de contribuir al desarrollo de una institucionalidad judicial que provea un adecuado y efectivo acceso a la justicia a la población guatemalteca, caracterizada por su multiplicidad étnica y cultural, promoviendo políticas eficientes de acceso y prontitud en el servicio.