Personas Privadas de Libertad

• Se realizó en conjunto con la PDH el primer informe del observatorio de cárceles. Este proceso partió de la visita a 15 centros penitenciarios que se caracterizaban por el mayor índice de abusos en contra de los derechos humanos de las personas reclusas. Previamente se llevaron a cabo talleres con funcionarios de las auxiliaturas departamentales de la PDH para unificar criterios en cuanto a los centros a seleccionar y para establecer mecanismos de monitoreo permanente de los centros desde las auxiliaturas. Con esta información se elaboró el primer informe del obervatorio de cárceles, el cual se publicó en coordinación con el Procurador de los Derechos Humanos.
  

• Tortura y violencia sexual en Comisarías en contra de mujeres detenidas. Este año, en el mes de julio, se realizó una investigación sobre el abuso policial contra mujeres: "Cifras de Impunidad del Crimen Policial contra Mujeres", la cual recopila las violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres al momento de la detención policial, en particular, torturas y violencia sexual. Esta investigación se presentó ante distintas autoridades del sistema de justicia, en especial  el ministro de Gobernación, los medios de comunicación y organizaciones de mujeres. Los principales logros, producto de esta investigación, fueron: haber puesto el tema en la agenda pública como uno de los problemas más graves de violencia en contra de las mujeres; haber establecido un convenio e iniciado procesos de formación con defensores públicos para evitar este tipo de abusos, y haber realizado un convenio con la Procuraduría de los Derechos Humanos para establecer mecanismos de prevención y documentación de estos casos en las auxiliaturas departamentales. Tambien en el tema de tortura, junto con la PDH, la Defensa pública penal y el ICCPG se conformó la red nacional contra la tortura, la cual apoya el cabildeo para lograr la aprobación del Protocolo Facultativo para la Prevención de la Tortura.
  

• Prisión Preventiva. En esta línea, entre los principales resultados se encuentran la realización de un informe sobre la situación de la prisión preventiva, la aprobación por parte del Ministerio Público (MP) de una instrucción general sobre mecanismos de coerción durante el proceso penal y la capacitación que se brindó a 42 jueces de 1ra. Instancia Penal de todo el país, con el propósito de instalar una nueva cultura de gestión que permita aplicar la teoría de género en las decisiones de la judicatura y la utilización racional de la prisión preventiva.