Niñez y Violencia
En esta línea el principal objetivo es promover las condiciones para el establecimiento de un marco jurídico y social adecuado a los principios fundamentales de los derechos humanos, de la adolescencia en conflicto con la ley penal contemplados en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LPINA) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
En este sentido el programa impulsó durante el 2005 dos líneas estratégicas: la ampliación de los programas de servicios a la Comunidad y Libertad Asistida y el apoyo a jóvenes indígenas en conflicto con la ley penal.
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Ampliación de los programas de servicios a la comunidad. Esta línea se impulsa en estrecha coordinación con la Secretaría de Bienestar Social, entidad estatal a cargo de la atención directa a la adolescencia en conflicto con la ley penal y su principal objetivo es lograr que se instalen en todo el país estos programas que están previstos en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia para que los jóvenes transgresores tengan alternativas a la privación de libertad. Durante el 2005, el programa se amplió a los departamentos de Sololá, Totonicapán, Alta Verapaz y Chimaltenango. En este año en toda la República fueron sujetos a una sanción de prestación de servicio a la comunidad 115 adolecentes. Comparativamente durante el 2005, el sistema de justicia penal de adolescencia impuso alrededor de treinta sentencias de privación de libertad y de libertad asistida, lo cual implica que el proyecto ha incidido en la aplicación de sanciones en libertad como la prestación del servicio a la comunidad, cual ha superado en más de un 300% la aplicación de otras sanciones.
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Atención comunitaria a jóvenes indígenas que transgredan la ley penal. En esta línea lo que se persigue es que los conflictos en los cuales intervienen jóvenes indígenas que transgreden la ley penal puedan ser solucionados en sus comunidades. Para este propósito, durante el 2005 se realizaron diversas reuniones con funcionarios de justicia (jueces, defensores y fiscales) en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché para que éstos llegaran a acuerdos sobre el tratamiento de estos jóvenes.
Los principales resultados de esta línea fueron la definición de parámetros sobre la reparación y aplicación del Convenio 169 en los departamentos de Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz. En este sentido se consensuaron más de 10 acuerdos para la implementación de la LPINA en los departamentos indicados.
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