Esta estrategia se complementa a través del desarrollo de investigaciones más profundas para el análisis de estos obstáculos, en las cuales se utilizan las distintas metodologías provenientes de las Ciencias Sociales, en particular las Ciencias Penales. Las investigaciones pueden ser de dos tipos: empíricas, dirigidas a examinar un fenómeno determinado de la realidad y jurídicas, destinadas a examinar las normas y su congruencia con el marco constitucional y de derecho internacional de los derechos humanos.

Una vez caracterizado el problema, se elaboran propuestas a partir de los principios de una política criminal democrática. Estas pueden dirigirse hacia el logro de modificaciones de las normas, de la estructura organizativa del Estado o de la cultura de los funcionarios judiciales. Ello requiere procesos de divulgación e incidencia en diferentes niveles y con distintos agentes:

• En el plano normativo, los procesos de incidencia política generalmente se enfocan al Congreso de la República.

• En el plano organizacional, las propuestas se orientan a las distintas agencias del sistema de justicia y se refieren a la gestión, sistemas de carrera y mecanismos de control.

• En cuanto al plano cultural, se trabaja a través de procesos formativos, para proveer a los funcionarios de justicia herramientas que les permitan realizar de mejor manera su trabajo. Estos procesos también abordan el ámbito de las actitudes y la apropiación de valores congruentes con una política criminal democrática.